Ataques en contra de la justicia indígena

 Deslegitimación y ataques a la justicia indígena

No obstante el avance constitucional, el ejercicio de este derecho no ha sido una tarea fácil ya que se ha tenido que enfrentar a varios problemas que aún no se han logrado superar en estos casi 14 años de vigencia. Desde el Estado y la sociedad civil, se han realizado diversos cuestionamientos a la justicia indígena: que es un invento, que es un retroceso, que no existen procedimientos, que no se respeta el debido proceso y que las sanciones (el fuete, el baño en agua fría o el baño con ortiga) atentan contra los derechos humanos y son expresiones de salvajismos. Estas críticas se llevan a cabo desde una mirada monista, es decir, desde la preeminencia de un solo sistema de justicia.

También se ha señalado que las autoridades de la justicia indígena no están preparadas porque no tienen ninguna formación académica y, por lo tanto, deberían limitarse a resolver problemas pequeños o delitos de bagatela. Según esta mirada, no deberían resolver casos de violencia intrafamiliar porque consideran que en el mundo indígena la violencia contra la mujer es cultural. Estas lecturas ignoran y desconocen que, precisamente, la misoginia en los territorios indígenas es una herencia colonial que trasciende a todas las sociedades.

Las autoridades indígenas han tenido que enfrentar una continua deslegitimación de su capacidad de ejercer justicia.

Como se observa, las autoridades indígenas han tenido que enfrentar una continua deslegitimación de su capacidad de ejercer justicia. Estos ataques surgen del desconocimiento del Estado a las decisiones emanadas desde la justicia indígena, lo que en varios casos ha provocado el doble juzgamiento. Por otro lado, la criminalización de las autoridades por ejercer su derecho a impartir justicia, mediante el uso inadecuado de los tipos penales, ha promovido juicios totalmente ajenos a su realidad cultural para generarles temor.

Esta situación ha obligado a que los pueblos y nacionalidades destinen parte de su tiempo a demostrar que sí existe el debido proceso, pero no en el sentido de la justicia ordinaria porque, precisamente, se tratan de sistemas jurídicos distintos. Del mismo modo, han tenido que explicar que sí se respetan los derechos humanos, que las autoridades sí están preparadas para conocer y resolver los llaki (conflictos) y que, además, existen menos riesgos de cometer errores dado que un llaki no se resuelve a través de la decisión individual de un juez, sino de una resolución colectiva de la comunidad.